La presión sobre los recursos hídricos de Durango mantiene en alerta a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), debido a que la mayoría de los acuíferos del estado presentan sobreexplotación y déficit, mientras que son pocos los que aún disponen de agua.
Ante este escenario, el organismo federal intensificó los operativos para detectar y frenar la extracción ilegal de agua, mediante inspecciones coordinadas con sus oficinas centrales, informó Roberto Delgado Gallegos, director local de la Conagua en Durango.
El funcionario explicó que aprovechar el recurso sin autorización representa uno de los principales problemas que enfrenta la autoridad, por lo que las revisiones buscan identificar a quienes operan fuera de la normatividad y promover que regularicen su situación.
Además de las consecuencias administrativas, Delgado Gallegos advirtió que determinadas prácticas de extracción irregular pueden constituir un delito, por lo que los responsables podrían enfrentar procedimientos de carácter penal.
Entre las irregularidades encontradas durante las inspecciones aparecen casos vinculados con actividades mineras, donde se detectó tanto el aprovechamiento de agua superficial de los ríos como la extracción mediante fuentes subterráneas.
Otro caso señalado por el funcionario corresponde a La Constancia, donde las autoridades encontraron el desvío de un arroyo para beneficiar a un hotel y, adicionalmente, localizaron un pozo clandestino perteneciente al mismo particular.
La Conagua busca que este tipo de prácticas dejen de realizarse al margen de la legislación, especialmente en regiones donde la disponibilidad del agua es cada vez más limitada.
Multas de hasta 5 millones de pesos
Frente a la intención de perforar nuevos pozos, el director de la Conagua recomendó a los interesados consultar previamente al organismo para conocer la disponibilidad de agua en la zona. Si las condiciones lo permiten y se cumplen los requisitos correspondientes, la autoridad puede autorizar el aprovechamiento.
El funcionario enfatizó que el recurso disponible no es suficiente para permitir extracciones fuera de la ley, pues el uso irregular puede afectar el suministro de la población y comprometer el agua necesaria para proyectos futuros y para las siguientes generaciones.
Las consecuencias económicas dependen de la gravedad de cada irregularidad y de si existe reincidencia. En los casos más graves, las multas pueden llegar hasta cinco millones de pesos, además de que ciertas conductas pueden generar responsabilidades penales.
Ante la existencia de títulos vencidos u otras anomalías, Delgado Gallegos llamó a los usuarios a acercarse a la autoridad para revisar las alternativas de regularización disponibles.
Sin embargo, aclaró que regularizar una extracción ilegal no implica recibir automáticamente una concesión, ya que primero debe comprobarse que existe disponibilidad del recurso y posteriormente cumplir con las condiciones y requisitos establecidos por la Conagua.
El propósito de estas acciones, concluyó, es ordenar el aprovechamiento del agua en Durango y evitar que la extracción ilegal agrave la situación de los acuíferos que actualmente se encuentran sobreexplotados.
