La Fiscalía General de la República (FGR) informó el desmantelamiento de una de las mayores redes de contrabando de hidrocarburos detectadas en México, una organización que operaba con combustible introducido ilegalmente desde Estados Unidos y cuya distribución alcanzaba varios estados del país, entre ellos Durango, además de Coahuila y Zacatecas.
Las investigaciones, realizadas en coordinación con el Gabinete de Seguridad, establecieron que el grupo ingresaba gasolina y diésel mediante declaraciones falsas ante las autoridades aduaneras, al reportar cantidades muy inferiores a las transportadas o clasificar el producto con descripciones distintas para evitar el pago de impuestos.
De acuerdo con la FGR, el combustible provenía de refinerías ubicadas en Texas y era trasladado a territorio nacional principalmente a través de carros-tanque ferroviarios. Posteriormente, era descargado y distribuido mediante una red logística integrada por empresas y transportistas.
En este esquema, Durango fue identificado como uno de los estados donde presuntamente se comercializaba el hidrocarburo ingresado de manera ilegal, según los avances de la investigación.
Las indagatorias revelaron que la organización únicamente declaraba cerca del 10 por ciento de la capacidad real de cada carro-tanque. Mientras en la documentación se reportaban aproximadamente 10 mil litros, en realidad las unidades transportaban hasta 110 mil litros de combustible, el cual era descargado en espuelas ferroviarias para después ser distribuido en pipas y tractocamiones sin las autorizaciones correspondientes.
La Fiscalía también documentó un complejo mecanismo financiero utilizado para ocultar las operaciones ilícitas. Como parte de este esquema se movilizaron más de tres mil millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, además de registrarse operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares, utilizando empresas nacionales y extranjeras para encubrir el origen de los recursos.
Las autoridades federales estiman que las actividades de esta red ocasionaron un perjuicio superior a cuatro mil millones de pesos a la Hacienda Pública, derivado de la introducción irregular de hidrocarburos y la evasión del pago de contribuciones federales.
Como resultado de los operativos, también fueron asegurados decenas de carros-tanque ferroviarios en diferentes entidades del país y se logró desarticular uno de los principales centros de operación de la organización, en una acción considerada por la FGR como uno de los golpes más importantes contra el contrabando de combustibles en México.
