La propuesta para tipificar el bullying como delito en Durango recibió respaldo de instituciones educativas y organismos enfocados en el desarrollo humano, que consideran necesario establecer límites legales para combatir la violencia escolar y proteger a las víctimas.
Autoridades del Instituto de Desarrollo Humano y Valores (Indehval) y del CCH coincidieron en que la iniciativa puede ayudar a reducir los casos de acoso escolar, aunque subrayaron que la prevención y la participación de las familias seguirán siendo fundamentales para atender el problema de fondo.
El titular del Indehval, Giovanni Rosso Güereca, señaló que cualquier medida enfocada en disminuir la violencia dentro de las escuelas puede ser positiva siempre que exista una correcta aplicación y acompañamiento institucional.
El funcionario destacó que el organismo mantiene programas preventivos enfocados en actividades deportivas, culturales y de convivencia, al considerar que estos espacios ayudan a fortalecer el entorno social de niñas, niños y adolescentes.
Rosso Güereca advirtió además que muchos docentes carecen de herramientas suficientes y respaldo para actuar oportunamente ante casos de bullying, situación que complica la atención temprana de conflictos escolares.
La iniciativa presentada por la diputada Sughey Torres Rodríguez plantea incorporar el delito de acoso escolar al Código Penal del Estado, definiéndolo como agresiones reiteradas de tipo físico, verbal, psicológico, patrimonial, sexual o digital dentro del entorno educativo.
Por su parte, la directora del CCH, Sara Beatriz Gamero López, consideró que establecer sanciones podría inhibir conductas graves que afectan emocional y psicológicamente a las víctimas.
La académica reconoció que el plantel ha enfrentado situaciones de bullying, aunque aseguró que cuentan con mecanismos de atención mediante orientación educativa, apoyo psicológico y medidas disciplinarias dirigidas tanto a víctimas como agresores.
También explicó que los estudiantes pueden denunciar cualquier acto de violencia ante tutores, maestros o personal directivo, además de que el colegio desarrolla talleres y actividades preventivas para generar conciencia sobre las consecuencias del acoso escolar.
Entre las sanciones contempladas en la propuesta se incluyen hasta 60 días de trabajo comunitario y multas económicas para quienes incurran en acoso escolar, así como castigos para servidores públicos que omitan actuar o incumplan protocolos de atención.
La discusión sobre esta iniciativa ocurre en medio de cifras alarmantes sobre violencia escolar en México. Datos expuestos por legisladoras señalan que siete de cada 10 menores han sufrido algún tipo de agresión escolar en el país, mientras que en Durango tres de cada cinco niños han sido víctimas de violencia entre alumnos.
