Con ella, la policía podía detener y expulsar a los migrantes de los que se sospeche llegaron ilegalmente.
La Corte Suprema de Estados Unidos ha tomado una medida temporal al bloquear la entrada en vigor de la controvertida ley de Texas que permite a las autoridades policiales detener y expulsar a migrantes sospechosos de haber llegado ilegalmente al país. La orden, emitida por el juez conservador Samuel Alito, responde a una solicitud de emergencia del gobierno del presidente Joe Biden. La ley, conocida como SB 88-4, estaba programada para entrar en vigor el 10 de marzo de 2024 y ha generado gran polémica.
Un magistrado federal de Texas ya había retrasado la aplicación de la medida debido a una demanda presentada por varias organizaciones y el condado de El Paso. Argumentan que la ley es inconstitucional, ya que las autoridades locales no tienen jurisdicción en asuntos migratorios, que son responsabilidad del gobierno federal. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito revocó la decisión del magistrado, llevando el conflicto legal a la máxima instancia judicial del país.
La SB 88-4 convierte en delito menor el ingreso irregular a Texas desde un país extranjero y establece penas más severas para reincidentes. Además, otorga a la Justicia estatal la facultad de ordenar la expulsión de personas sin un proceso legal adecuado. También permite a los oficiales de policía arrestar a individuos sospechosos de ingreso ilegal y expulsarlos a México sin un debido proceso.
En su presentación de emergencia, la fiscal de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, argumentó que la SB 88-4 es «rotundamente inconsistente» con el precedente establecido por fallos anteriores del máximo tribunal, que reconocen la autoridad exclusiva del gobierno federal en asuntos migratorios.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, lamentó el bloqueo temporal de la ley pero afirmó que seguirá defendiéndola. La decisión de la Corte Suprema pone en pausa una medida controvertida que ha generado fuertes debates sobre los límites de la jurisdicción estatal en materia migratoria.
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