La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de cuentas bancarias de Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), así como de su hermano, uno de sus hijos y ocho antiguos funcionarios del organismo. La medida forma parte de una investigación por posibles irregularidades financieras relacionadas con empresas que obtuvieron contratos como proveedoras de instituciones electorales.
La inclusión de estas personas en la Lista de Personas Bloqueadas quedó establecida mediante el acuerdo UIF/110/G/4141/2026, en el que también aparecen empresarios y compañías presuntamente relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, quienes han mantenido vínculos comerciales con organismos electorales.
Dentro del grupo de exservidores públicos señalados se encuentran antiguos responsables de las áreas administrativas, financieras y de informática del INE, además de personas cercanas a Taddei durante su gestión. Entre ellos destaca Jesús Octavio García González, quien ocupó la Dirección Ejecutiva de Administración y habría fungido también como representante legal de empresas proveedoras del instituto.
Otro de los nombres incluidos es Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la exconsejera presidenta, quien hasta hace unos días se desempeñaba como secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. La noche del miércoles 11 de noviembre presentó su renuncia, luego de hacerse pública su incorporación a la lista de personas con cuentas bancarias bloqueadas. La administración estatal confirmó su salida.
Investigación alcanza a 40 personas y compañías
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que la UIF incorporó a 40 objetivos a la Lista de Personas Bloqueadas, distribuidos en 25 personas físicas y 15 empresas presuntamente relacionadas con la proveeduría de servicios para organismos electorales.
Como parte de las acciones emprendidas, Hacienda señaló que fueron detectados movimientos financieros con características de riesgo que requieren la intervención de las instancias correspondientes. Asimismo, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que se investiguen las operaciones y se determine si existen conductas que ameriten responsabilidades legales.
El expediente tiene como antecedente señalamientos sobre la asignación de contratos superiores a los 2 mil 400 millones de pesos a empresas que presuntamente mantienen vínculos entre sí y que habrían obtenido recursos de organismos públicos electorales durante el periodo comprendido entre 2014 y 2025.
