La paralización de actividades en la mina de Tayoltita, ubicada en el municipio de San Dimas, Durango, comienza a profundizar sus consecuencias económicas. A poco más de un mes de iniciada la huelga, la empresa First Majestic y la representación sindical no han conseguido resolver sus diferencias, pese a los encuentros de conciliación, mientras alrededor de mil 200 trabajadores y sus familias resienten los efectos de la suspensión laboral.
Miguel Bermúdez Quiñones, subsecretario de Trabajo y Previsión Social de Durango, informó que las partes han participado en dos reuniones ante el Tribunal Laboral Federal, en la Ciudad de México, sin alcanzar un entendimiento. Explicó que ambas representaciones continúan revisando las propuestas y que, de acuerdo con la información disponible, el 3 de noviembre los delegados sindicales tenían previsto reunirse en Tayoltita para comunicar a sus compañeros los avances de las negociaciones.
El funcionario consideró que este tipo de conflictos puede prolongarse debido a la complejidad de las relaciones laborales entre una compañía de alcance internacional como First Majestic y el Sindicato Nacional Minero. Como antecedente, recordó que la huelga registrada en 2017 se extendió por más de un mes, aunque finalmente se consiguió una solución mediante el diálogo.
En el terreno financiero, la suspensión de operaciones representa una presión importante para la compañía, que debe atender sus obligaciones fiscales, compromisos con acreedores y responsabilidades ante inversionistas, debido a que cotiza en mercados bursátiles internacionales. La plantilla relacionada con la unidad minera comprende aproximadamente 900 empleados directos y otros 300 trabajadores indirectos que prestan servicios mediante empresas contratistas.
Mientras tanto, la falta de ingresos se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los trabajadores, quienes acumulan alrededor de un mes sin recibir su salario. Esta situación también repercute en los hogares y en la economía de Tayoltita, donde la actividad minera representa una fuente importante de empleo y movimiento comercial.
Ante el impacto que representa el conflicto para la región, el Gobierno de Durango manifestó su preocupación y aseguró que mantiene comunicación con las partes involucradas. Bermúdez Quiñones señaló que la administración estatal está dispuesta a facilitar una mesa de diálogo si existe una solicitud de intervención, aunque aclaró que el procedimiento corresponde al ámbito federal y debe respetarse el marco legal. Hasta ahora, ninguna de las partes ha requerido formalmente su participación.
Finalmente, el subsecretario advirtió que las pérdidas económicas continuarán creciendo mientras la mina permanezca sin operar y las negociaciones no avancen. Por ello, reiteró la disposición de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para contribuir a encontrar una salida que permita reactivar las actividades, recuperar los ingresos de los trabajadores y reducir las afectaciones económicas para las familias y comunidades que dependen de la minería.
