La reforma al Poder Judicial de la Federación avanzó un paso más luego de que el Congreso de Durango aprobara la minuta enviada por el Senado de la República, con la que se establece que la próxima elección de jueces y magistrados federales se realizará hasta el año 2028. La decisión forma parte del proceso de validación constitucional que corresponde al Constituyente Permanente.
En el marco de la sesión legislativa más reciente, las y los diputados locales analizaron y respaldaron el proyecto de decreto previamente dictaminado por la Comisión de Puntos Constitucionales. Con esta determinación, Durango se sumó a las entidades federativas que han otorgado su aval a las modificaciones planteadas en materia judicial.
Entre los principales argumentos expuestos para justificar el aplazamiento destacan los retos logísticos identificados durante la experiencia del proceso electoral de 2025, así como la necesidad de realizar ajustes normativos, técnicos y metodológicos que permitan fortalecer la organización y operación de futuras elecciones judiciales.
De acuerdo con la reforma aprobada, la jornada para elegir a jueces y magistrados federales se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2028, coincidiendo con el proceso electoral federal ordinario, con el objetivo de optimizar recursos y mejorar la coordinación institucional.
Asimismo, las modificaciones contemplan cambios operativos al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enfocados en agilizar la resolución de asuntos y reforzar el funcionamiento del máximo órgano jurisdiccional del país.
Por otra parte, el dictamen establece que los ejercicios de revocación de mandato deberán realizarse el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional correspondiente, haciéndolos coincidir con procesos electorales federales o locales, según sea el caso.
Con esta aprobación, el Congreso de Durango respaldó la reforma constitucional impulsada a nivel federal, la cual redefine aspectos relacionados con la integración y operación del Poder Judicial, además de establecer nuevas disposiciones para los mecanismos de participación ciudadana en México.
