La actualización del marco jurídico en materia hídrica avanza hacia una nueva etapa en el país, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo y sostenible al agua para la población. Las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, junto con la creación de la nueva Ley General de Aguas, buscan redefinir la administración de este recurso, priorizando su carácter de bien público y estratégico, destacó el director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Delgado Gallegos.
El funcionario explicó que la reforma se sustenta en el artículo 27 constitucional, que establece la facultad del Estado mexicano para regular y proteger los recursos naturales del país. Bajo este esquema, se pretende ordenar y supervisar de manera más estricta las concesiones para evitar abusos, inequidades y prácticas de acaparamiento.
“El agua dejará de ser tratada como una mercancía para reconocerse como un recurso estratégico de la nación”, señaló Delgado Gallegos.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la eliminación del esquema de transmisión de derechos en las concesiones. Esto significa que no estará permitido transferir permisos de uso sin autorización de la autoridad correspondiente. Asimismo, no se permitirán cambios de uso del agua sin revisión oficial; por ejemplo, una concesión otorgada con fines agrícolas no podrá emplearse para actividades industriales sin el aval de Conagua.
Las reformas también contemplan sanciones más severas para quienes incurran en delitos relacionados con el uso ilegal del agua, que van desde multas económicas que pueden ascender hasta cuatro mil días de salario, hasta penas de uno a 10 años de prisión. Con ello, se busca combatir prácticas como el mercado clandestino, la explotación irregular y el desvío del recurso.
Por su parte, la nueva Ley General de Aguas establece principios fundamentales como el acceso al agua potable y al saneamiento como derechos humanos, el reconocimiento de sistemas de gestión comunitaria y la definición clara de responsabilidades entre los tres niveles de gobierno. Además, se agilizarán trámites relacionados con títulos de concesión cuando haya cambios en la propiedad de tierras con pozos registrados, garantizando continuidad y seguridad jurídica para los usuarios.
Delgado Gallegos señaló que estos ajustes representan un paso decisivo hacia la protección de las fuentes de abastecimiento y la planeación del recurso a largo plazo. “El objetivo es brindar certeza para todos los sectores y asegurar la seguridad hídrica en los próximos años”, concluyó.
You must be logged in to post a comment Login