La reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas semanales representa un nuevo desafío para el sector empresarial de Durango, cuyos representantes consideran necesario establecer apoyos que permitan implementar la reforma sin comprometer la estabilidad de los negocios ni las fuentes de empleo.
Sergio Sánchez López, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Durango, explicó que las empresas deberán reorganizar sus operaciones y realizar ajustes administrativos para cumplir con las nuevas disposiciones laborales, especialmente en el caso de los establecimientos que cuentan con plantillas reducidas.
Las proyecciones económicas del sector advierten que el costo contable por hora disponible podría incrementarse 4.35 por ciento en 2027 y acumular un aumento de hasta 20 por ciento para 2030. Además, ejercicios y encuestas de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) indican que 71.4 por ciento de las empresas prevé un aumento en sus costos.
Como parte del proceso de implementación, la Secretaría del Trabajo ha planteado 2026 como un periodo de transición, mientras que enero de 2027 marcaría el comienzo de la primera reducción en el tiempo laboral. Frente a este calendario, las representaciones nacional y local de Canaco manifestaron su disposición a mantener el diálogo para encontrar alternativas que faciliten la aplicación de la reforma.
Entre las propuestas del sector empresarial destacan la creación de incentivos para impulsar la formalidad, cuotas diferenciadas para nuevas contrataciones, esquemas de flexibilidad regulada y un régimen proporcional para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), con el propósito de que puedan adaptarse a los cambios sin enfrentar una carga financiera insostenible.
Sánchez López señaló que esta transformación se encuentra entre las principales preocupaciones del comercio, debido a que los establecimientos de menor tamaño tienen menos margen para absorber gastos adicionales. Por ello, insistió en la importancia de establecer condiciones que permitan cumplir con la nueva jornada sin poner en riesgo los puestos de trabajo.
A este panorama se suma el costo de mantener a un empleado dentro de la formalidad, que puede representar hasta 40 por ciento adicional sobre el salario, al considerar las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las aportaciones al Infonavit, los impuestos sobre nómina y las prestaciones laborales, entre ellas el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional y la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU).
Ante estos factores, el sector comercial plantea que la reducción de la jornada debe acompañarse de medidas de apoyo que permitan a las empresas cumplir con la normativa laboral y, al mismo tiempo, conservar su capacidad operativa y proteger el empleo formal.
