La escasa confianza en las instituciones encargadas de procurar justicia continúa siendo el principal motivo por el que ciudadanos y empresarios deciden no denunciar los delitos que enfrentan en Durango, afirmó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Francisco Israel Esparza Martell, quien aseguró que las autoridades no han respondido al llamado del sector empresarial para fortalecer la seguridad.
A una semana del pronunciamiento emitido por los centros empresariales de La Laguna, Durango, Saltillo y Zacatecas, en el que solicitaron una mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno tras los hechos de violencia registrados en Zacatecas, el dirigente empresarial consideró positiva la posibilidad de instalar una nueva base de la Guardia Nacional en la entidad, al señalar que contribuiría a reforzar las labores de vigilancia.
No obstante, Esparza Martell sostuvo que la baja cifra de denuncias no refleja la realidad de la inseguridad. Señaló que las autoridades suelen argumentar que la incidencia delictiva es reducida porque existen pocos reportes formales; sin embargo, afirmó que esa percepción ignora el temor y la falta de credibilidad que prevalecen entre la población para acudir a denunciar.
El presidente de Coparmex subrayó que corresponde a las instituciones recuperar la confianza ciudadana mediante el fortalecimiento del Estado de derecho, la aplicación efectiva de la ley y la creación de mecanismos que garanticen seguridad y certeza a quienes decidan denunciar un delito.
En relación con la propuesta del gobernador Esteban Villegas de recibir denuncias de manera directa, el dirigente empresarial opinó que esa alternativa no resolverá el problema de fondo. Consideró que, antes de abrir nuevos canales de comunicación, es indispensable consolidar políticas públicas que fortalezcan la seguridad y mejoren la relación entre las autoridades y la sociedad.
Respecto al reforzamiento de la presencia de la Guardia Nacional y de fuerzas federales en Durango, Esparza Martell indicó que su llegada confirma la existencia de problemas de seguridad que durante mucho tiempo fueron minimizados. A su juicio, el despliegue federal evidencia que existen situaciones que requieren atención y que anteriormente no eran reconocidas de manera pública.
Asimismo, reveló que entre integrantes del sector empresarial persisten amenazas y actos de intimidación; sin embargo, explicó que resulta complicado medir la magnitud del problema debido a que la mayoría de las víctimas evita presentar denuncias por miedo a represalias y por la desconfianza hacia las autoridades.
Finalmente, señaló que este tipo de incidentes comenzaron a incrementarse desde el año pasado y continúan registrándose durante 2026. Por ello, reiteró el llamado a los gobiernos federal, estatal y municipal para reforzar las estrategias de seguridad, recuperar la confianza ciudadana y generar condiciones que permitan denunciar sin poner en riesgo la integridad de las víctimas.
