Productores afiliados a la Unión Ganadera del Sector Social reiteraron su rechazo al cobro del denominado “derecho de factura”, al considerar que se trata de una cuota ilegal aplicada dentro de la Unidad de Producción Pecuaria (UPP), la cual, aseguran, afecta directamente la economía del sector.
El dirigente de la organización, Óscar García Barrón, explicó que desde hace tres años iniciaron acciones legales para frenar este cobro, al promover un juicio de amparo contra lo que califican como un atropello a los derechos de los ganaderos.
De acuerdo con García Barrón, el pasado 10 de noviembre de 2023 un juez federal concedió una suspensión provisional para detener el cobro del derecho de factura; sin embargo, denunció que dicha resolución no ha sido respetada por las autoridades correspondientes.
Ante el presunto desacato, la organización presentó una nueva queja, lo que derivó en una resolución emitida por el Poder Judicial de la Federación el 24 de noviembre de 2023, mediante la cual se ordenó la suspensión definitiva del cobro, disposición que afirmó continúa sin cumplirse.
El también exdiputado federal advirtió que ignorar una orden judicial representa un delito grave que podría derivar en sanciones para los servidores públicos involucrados, incluyendo la pérdida del cargo o incluso penas de prisión.
Frente a esta situación, los integrantes del sector social ganadero expresaron su inconformidad y exigieron que se respeten sus derechos constitucionales y humanos, al considerar que este tipo de cobros representan una carga injusta para los productores.
García Barrón señaló que los ganaderos deben mantenerse dentro del marco legal, aunque acusó que actualmente existen cobros relacionados con las guías de tránsito y pruebas de tuberculosis que, según dijo, podrían constituir actos de extorsión conforme a la legislación vigente.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades federales para que se investigue el tema y se eviten afectaciones económicas a los sectores más vulnerables, subrayando la importancia de proteger el patrimonio de las familias dedicadas a la actividad ganadera.
