El Congreso del Estado de Durango aprobó las reformas al Código Penal local para homologarlo con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, y así proteger a las familias frente a una de las conductas delictivas de alto impacto al tejido social.
El dictamen avalado por los diputados es resultado de tres iniciativas que fueron analizadas y dictaminadas por la Comisión de Justicia del Poder Legislativo, ante un tema considerado de urgencia nacional.
Las adecuaciones permitirán atender de manera más eficaz las nuevas modalidades de afectación que enfrentan las víctimas, además de garantizar una protección integral frente a expresiones de violencia patrimonial y económica cada vez más sofisticadas.
En la discusión del dictamen se refirió que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, más del 96 por ciento de los casos de extorsión no se denuncian debido al temor de represalias o a la desconfianza en las instituciones.
Con esta reforma también se busca fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para combatir y sancionar la extorsión, uno de los delitos que mayor impacto genera en hogares, negocios y comunidades.
De esta manera, la actualización del marco jurídico implicó avanzar hacia un sistema legal actualizado, acorde con los principios de seguridad jurídica y el deber del Estado de salvaguardar la integridad de las personas. Asimismo, responde a la obligación de adaptar el derecho penal a las transformaciones sociales y tecnológicas que han modificado las formas de operar de la delincuencia.
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