En Durango, la instalación de cámaras de videovigilancia está regulada desde 2012, pero el reciente retiro de algunos equipos colocados en la vía pública ha reactivado el debate sobre los límites legales y las responsabilidades de quienes instalan estos dispositivos. Aunque las videocámaras en propiedades privadas (como viviendas o comercios) son totalmente permitidas, su uso debe ajustarse estrictamente a la normativa para evitar violaciones a la privacidad de terceros.
Especialistas en derecho y seguridad digital recuerdan que colocar cámaras apuntando hacia espacios prohibidos, como la vía pública o propiedades ajenas, constituye una infracción a la ley, pues vulnera derechos constitucionales como la privacidad, la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio. El integrante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y experto en Ciberseguridad, Daniel Esquivel López y señala que cualquier instalación que capte imágenes de personas en tránsito o de áreas que no pertenecen al propietario puede derivar en responsabilidades legales.
La Ley que Establece las Bases para la Videovigilancia en el Estado de Durango establece que las cámaras privadas deben limitarse a grabar únicamente el interior del inmueble. Dirigirlas hacia calles, banquetas o viviendas vecinas no solo está prohibido, sino que también vulnera la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ya que capta información sin consentimiento.
Cuando un ciudadano detecta que la cámara de un vecino invade su privacidad, puede acudir a los mecanismos correspondientes: desde una denuncia administrativa hasta un juicio de amparo. En estos procedimientos, Seguridad Pública debe intervenir para revisar el cumplimiento de la normativa, y en caso de negativa, los afectados cuentan con recursos legales adicionales.
Si bien las cámaras privadas pueden ser herramientas útiles en casos de robo u otros delitos, su instalación debe respetar los límites legales para no convertirse en un medio de intromisión o vigilancia indebida. De esta forma, las autoridades reiteran que todo dispositivo que capture zonas prohibidas o ajenas constituye una violación a la ley y puede ser sancionado conforme al marco jurídico vigente.
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