Las comunidades rurales y colonias periféricas de la capital siguen enfrentando carencias históricas en infraestructura y vivienda, sin que hasta ahora existan programas integrales que atiendan sus necesidades más urgentes. Así lo señaló el líder social Gustavo Pedro Cortés, quien advirtió que la ausencia de políticas públicas de largo alcance mantiene en el abandono a miles de familias.
De acuerdo con Cortés, las acciones emprendidas por los gobiernos estatal y municipal han sido esfuerzos aislados y de corto impacto, insuficientes para resolver problemas estructurales como el deterioro de caminos rurales y la falta de acceso a viviendas dignas.
La falta de mantenimiento en las vías de comunicación se ha convertido en uno de los reclamos principales de los habitantes de comunidades alejadas. “Las lluvias han dejado destrozadas las calles y carreteras; antes al menos contaban con revestimiento y eran transitables, ahora la situación es mucho más complicada”, denunció el dirigente.
Otro de los puntos críticos es la vivienda. En la periferia de la capital y en varias localidades rurales, cientos de familias aún viven con techos de lámina y materiales endebles, expuestos a filtraciones y goteras cada temporada de lluvias. “No existe un programa sólido de mejoramiento de vivienda; lo que se ha hecho son intervenciones pequeñas que no alcanzan a cambiar la realidad de las familias”, lamentó.
Cortés informó que en los próximos días entregará al secretario particular del gobernador, Esteban Villegas Villarreal, un pliego de demandas que recopila las necesidades más apremiantes de las comunidades. El objetivo, dijo, es abrir un diálogo directo que permita trazar una ruta de atención con políticas públicas más amplias.
El líder social también cuestionó la falta de planeación gubernamental en poblados ubicados en zonas de riesgo. Puso como ejemplo el caso de 5 de Mayo, donde aseguró que el Estado se deslinda de responsabilidades culpando a los habitantes por asentarse en lugares inseguros, cuando es obligación de las autoridades regular e impedir este tipo de asentamientos.
Para Cortés, el déficit de programas sociales dirigidos a la población rural y a la periferia urbana constituye una deuda pendiente del gobierno con los sectores más vulnerables. “Lo que pedimos no son paliativos, sino soluciones estructurales en infraestructura, vivienda y servicios”, recalcó.
Con este llamado, se busca que las comunidades históricamente marginadas sean consideradas en la agenda gubernamental y dejen de vivir al margen de las políticas de desarrollo social.
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