Más de 500 millones de pesos es el adeudo histórico que existe a maestros en el estado, así lo dio a conocer el dirigente de la Sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Herrera García, quien reconoció que todo es derivado tanto de pasivos de administraciones pasadas como de la actual gestión.
Herrera explicó que, si bien se han implementado estrategias en coordinación con las autoridades estatales, los esfuerzos no han sido suficientes para resolver de fondo la problemática. “Nos falta todavía un poquito más de trabajo para que estas cosas sigan adelante. No solo tenemos deuda atrasada, sino que esta administración también está generando la propia”, advirtió.
El líder sindical señaló que el objetivo es que, hacia finales de 2025, pueda cubrirse la totalidad del adeudo heredado, y a partir de ahí comenzar a atender los compromisos generados en el actual gobierno de Esteban Villegas Villarreal.
Este representante sindical reconoció la disposición del Ejecutivo estatal para atender la situación, subrayó que las limitaciones presupuestales han sido un obstáculo constante. “El tema económico no ha sido favorable, los recortes nacionales no han beneficiado a la entidad ni al sector educativo”, apuntó.
En este contexto, destacó los avances en el pago de seguros de vida pendientes, un compromiso que calificó como prioritario para el sindicato. Recordó que desde septiembre de 2024 se iniciaron los pagos correspondientes a 90 docentes fallecidos en 2020 y que habían quedado sin cobertura en la administración anterior.
En una primera etapa, se entregaron 10 millones de pesos a 27 familias, beneficiando a 66 deudos, además de la liquidación de 80 seguros de retiro por un monto de 14 mil 500 pesos cada uno, lo que representó alrededor de 1.2 millones de pesos adicionales.
Pese a estos avances, el dirigente enfatizó que el rezago continúa siendo considerable y que el magisterio espera una solución integral que garantice no solo el pago de las prestaciones adeudadas, sino también certeza para las futuras obligaciones del Estado con los trabajadores de la educación.
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