La ONU y organizaciones de derechos humanos denuncian la intensificación de medidas represivas y el endurecimiento de las leyes de vestimenta.
Dos años han transcurrido desde las históricas manifestaciones en Irán bajo el lema «Mujer, vida, libertad», surgidas tras la muerte de Jina Mahsa Amini, quien perdió la vida bajo custodia policial por presuntamente violar las leyes del hiyab. Hoy, la situación de los derechos de las mujeres en el país es aún más alarmante. Según informes recientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el gobierno iraní ha intensificado las medidas represivas contra las mujeres, endureciendo las leyes de vestimenta y ampliando las tácticas de control social, en un contexto de creciente represión.
El Plan Noor y el uso obligatorio del hiyab: nuevas medidas de control
La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán, creada por la ONU, ha identificado un recrudecimiento de las políticas de control, con el Plan Noor como eje central. Este programa tiene como objetivo reforzar el uso obligatorio del hiyab en el país, una imposición que ha provocado rechazo en amplios sectores de la sociedad iraní, especialmente entre las mujeres jóvenes.
Desde abril de 2024, la vigilancia en las calles se ha incrementado notablemente. El Plan Noor ha implementado sanciones más severas para aquellas mujeres que desafían las estrictas normas de vestimenta. Aparte de las multas y detenciones, se ha reportado un preocupante aumento en la violencia física contra mujeres y niñas. Además, se han introducido nuevas tecnologías para controlar la vestimenta en espacios públicos y privados, incluyendo la utilización de drones para la vigilancia constante, lo que ha generado fuertes críticas de la comunidad internacional.
Proyecto de ley: endurecimiento de castigos y nuevas restricciones
A la par del Plan Noor, las autoridades iraníes han impulsado un proyecto de ley que propone endurecer aún más las penas por violaciones a las normas de vestimenta. Entre las nuevas disposiciones destacan penas de prisión más largas y restricciones significativas en oportunidades laborales y educativas para las mujeres que no cumplan con las exigencias del hiyab.
Este proyecto de ley, que ha generado rechazo tanto dentro como fuera del país, forma parte de una estrategia más amplia de represión estatal, dirigida particularmente a mujeres de minorías étnicas y religiosas. Estas políticas refuerzan la percepción de que el gobierno busca consolidar su control sobre las libertades individuales, utilizando el hiyab como un instrumento político de dominación.
Amnistía Internacional: un sombrío balance desde la muerte de Amini
Amnistía Internacional ha proporcionado cifras que reflejan la magnitud de la represión desde la muerte de Jina Mahsa Amini en 2022. Más de 500 personas han sido asesinadas durante las protestas, y al menos 22 mil han sido arrestadas, entre ellas un gran número de mujeres y menores de edad. Estas detenciones se han caracterizado por el uso de tortura y la celebración de juicios sin garantías procesales, lo que viola los principios fundamentales de los derechos humanos.
El organismo también ha expresado su preocupación por el uso de sentencias de muerte contra activistas, especialmente mujeres pertenecientes a minorías étnicas y religiosas. Estas condenas, impuestas bajo acusaciones de «delitos contra la seguridad nacional», son vistas como una estrategia para silenciar a las voces disidentes en el país.
Human Rights Watch: aumento de la seguridad y la represión en regiones kurdas
En septiembre de 2024, Human Rights Watch reportó un notable aumento de las medidas de seguridad en las áreas kurdas de Irán, incluyendo Saqqez, la ciudad natal de Amini. Esta región ha sido testigo de manifestaciones constantes desde la muerte de la joven, y las autoridades iraníes han respondido con restricciones cada vez más severas.
Uno de los actos más simbólicos de esta represión es la restricción de acceso a la tumba de Jina Mahsa Amini, un lugar que se ha convertido en un espacio de resistencia y recuerdo para muchos iraníes. Esta medida ha provocado indignación, tanto dentro del país como a nivel internacional. Además, se ha informado que 34 prisioneras iraníes han iniciado una huelga de hambre en protesta por la creciente represión estatal y las violaciones a los derechos humanos.
Conclusiones: un panorama sombrío para los derechos de las mujeres en Irán
A dos años de la muerte de Jina Mahsa Amini, la situación en Irán no ha mejorado; por el contrario, las políticas del gobierno muestran un retroceso significativo en materia de derechos humanos, particularmente para las mujeres. La intensificación del control mediante el Plan Noor y las propuestas legislativas que buscan castigar de manera más severa a quienes desafíen las normas del hiyab reflejan una sociedad cada vez más asfixiada por la represión estatal.
La comunidad internacional, incluidos organismos como la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, ha expresado su preocupación ante esta alarmante situación. Sin embargo, el futuro para las mujeres iraníes sigue siendo incierto, mientras el gobierno de Irán continúa ignorando los llamados a respetar los derechos fundamentales.
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