La afectada señala la falta de respuestas por parte de la autoridad federal en torno a su despido injustificado y espera el apoyo de los altos mandos
Denunciando actos de corrupción y mostrando su descontento con pancartas al exterior de las oficinas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la ciudad de Durango, Julia Edith Espinoza Meraz acudió a manifestar su inconformidad ante la falta de respuestas por parte de la autoridad judicial federal en torno a su despido injustificado y el hostigamiento laboral al que fue sometida luego de haber denunciado actos de corrupción al interior de la institución.
La manifestante al hacer público el caso en el que responsabiliza a la entonces delegada administrativa, Alejandra Betancourt Rodríguez, de haber entregado adjudicaciones de contratos de servicios para la institución de manera directa en beneficio de sus allegados; tras lo cual comenzó el acoso de manera directa hasta lograr separarla de las funciones que realizaba, y delegarla a no hacer prácticamente nada en las oficinas.
Por su parte el abogado de Julia Edith, Jesús Ricardo Barrios Villapaldo, explicó que fueron presentadas tres denuncias por hostigamiento laboral y actos de corrupción, conductas que era necesario investigar ante el órgano de control y junta de gobierno; sin embargo fue necesario recurrir al Poder Judicial de la Federación para iniciar dos juicios de amparo a fin de establecer medidas cautelares.
El litigante explicó que “después de un año y medio sin realizar ninguna función fue encomendada otra acción de investigación de mobiliario donde se detecta otra serie de anomalías, las vuelve a denunciar y apenas se resuelve un recurso de revisión contra una sentencia dictada en un juicio de amparo, el día en que se sesiona por parte del Segundo Tribunal Colegiado, al día siguiente vienen de ex profeso de Ciudad de México, para decirle que después de siete años, su nombramiento había terminado, lo que es ilegal”.
En cuanto al Tribunal Federal de Justicia Administrativa forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que ante denuncias por hechos de corrupción es un despido inmediato con el argumento de que se trata de empleados de confianza, por lo que exigen se tomen cartas en el asunto.
En la indagación se encontraron con el caso de la magistrada Irma Cervantes Villarreal, quien luego presentar una denuncia penal por los mismos hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR), como presidenta de la Sala, le fue negada la información luego de que se presentó el titular de la Unidad Jurídica del TJA y le advierte que esta ya está en sus manos, así que esperan pronto este asunto se resuelva y se aplique la ley correspondiente.
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