El juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió el primer amparo contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), a favor del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
CDMX.– El juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió el primer amparo contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), a favor del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), con sentencia de efectos generales y ordenó que se aplique el estatuto anterior a la reforma publicada en marzo de 2021.
Para llegar a la resolución que otorgó la protección de la Justicia Federal, el juzgador únicamente analizó el tema de medio ambiente y los efectos adversos de la ley impugnada en esa materia; desde la perspectiva del derecho a un medio ambiente sano.
El juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Gómez Fierro, consideró las ponencias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que debatieron la ley en abril del presente año.
En esa sesión se resolvió una acción de inconstitucionalidad en contra de la LIE, pero no se alcanzaron los ocho votos para declarar que, efectivamente, violaba la Constitución.
El CEMDA argumentó la violación al derecho de un medio ambiente sano la entrada en vigor de la LIE, y se presentó como una asociación que no opera bajo ninguna modalidad de generador, comercializador, suministrador, comercializador no suministrador, o usuario calificado de energía eléctrica.
La resolución del juez Gómez Fierro no es definitiva y todavía puede ser impugnada por el Gobierno federal, presentando un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado en la misma materia.
En su análisis, el juez federal consideró que, como firmante del Acuerdo de París, el Estado Mexicano tiene la obligación de hacer frente al cambio climático, por medio de la reducción de emisiones de diferentes gases de efecto invernadero, para 2030.
Ante los planteamientos del CEMDA, la parte quejosa, el juez Gómez Fierro declaró fundados los alegatos relacionados con que la LIE es contraria al derecho de un medio ambiente sano, al restringir y modificar los incentivos para la transición energética, sin contemplar inversiones propias para alcanzar ese cambio.
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